Ha transcurrido un año desde que el ministro de Sanidad, ahora en funciones, y los consejeros de salud de los diferentes gobiernos autonómicos acordarán hacer realidad un mandato de la Ley relativo a ya conocida como prescripción enfermera, que dormía el sueño de los justos desde hacía años.

En pocos días, todos ellos volverán a verse las caras para hablar del mismo asunto, aunque en un contexto completamente distinto. El acuerdo unánime alcanzado el 26 de marzo de 2015 para aprobar un Real Decreto que permitiese a los profesionales enfermeros usar e indicar determinados fármacos sujetos a prescripción médica fue dinamitado por el Gobierno meses después al aprobar una norma que no satisface a prácticamente nadie.

Como todo el mundo ya sabe a estas alturas, se trata de un texto que ha desencadenado unextraordinario malestar, desorientación e incertidumbre a todos los niveles, y de forma particular, entre los propios profesionales sobre los cuales sustenta prioritariamente la totalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud: enfermeros y médicos.

Por su parte, la mayoría de las comunidades autónomas han rechazado esta norma y han defendido su modificación, llegando incluso a recurrir al Tribunal Supremo, por entender que perjudica tanto a los profesionales sanitarios como a los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud.Incluso dirigentes del PP en las autonomías han reconocido la necesidad de volver a un consenso que beneficie a todos.

Ellos saben, mejor que nadie, que el cumplimiento de la norma, tal y como está redactada en la actualidad, conlleva más burocracia, esperas y una peor atención al ciudadano que, lógicamente, no entiende por qué actuaciones relativas al uso  e indicación de medicamentos que venía desarrollando su profesional enfermero hasta ahora ya no puede hacerlas sin que el médico previamente se lo indique.

Satse, al igual que el CGE, siempre lo ha tenido muy claro. Sin entrar ya en el menosprecio y engaño que sufrió todo el colectivo por parte del Gobierno, lo importante, lo único importante, es mejorar la atención que reciben los ciudadanos al tiempo que se desarrolla con justa razón una profesión que siempre ha demostrado su esfuerzo e implicación por cuidar de los demás.

El acuerdo debe volver a prevalecer frente a intereses particulares de algunos representantes del colectivo médico que sólo benefician a unos pocos. Por ello, la próxima reunión del Consejo Interterritorial del SNS supone una “oportunidad de oro” para que los consejeros autonómicos de Salud logren hacer entrar en razón al Ministerio de Sanidad y éste modifique su norma.

Cierto es que la coyuntura política actual para conseguir tal objetivo no es nada favorable, ya que es razonable pensar que Alfonso Alonso prefiera escurrir el bulto dada el poco tiempo que le queda como ministro de Sanidad y pasar “la patata caliente” a su sucesor.

No obstante, demostraría tener la talla política que se presupone por razón de su cargo si reconoce y soluciona un grave error que, de mantenerse, deteriorará, como ya ha empezado a hacerlo, el funcionamiento de todos y cada uno de los servicios sanitarios, además de suponer un motivo de controversia entre los profesionales médicos y enfermeros.

Decía el filósofo chino Confucio algo tan lógico como tan poco habitual hoy en día, lamentablemente: “el hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”. Ministro, lea a Confucio.

Aquí puedes leer el artículo de Víctor Aznar en Redacción Médica