Ocho de cada diez profesionales de Enfermería han sufrido una agresión verbal o física en algún momento de su trayectoria laboral. Una estadística que habla por sí sola y que resume de manera rotunda las distintas situaciones en las que una enfermera ha visto amenazada y/o afectada su seguridad personal.

Miles de profesionales, con nombres y apellidos, que han visto como aquel al que querían ayudar, o sus familias, han pagado con ellos su insatisfacción por una atención con la que no están conformes, unos recursos que entienden insuficientes o problemas de cualquier otra índole, incluso personal.

Episodios violentos que se repiten año tras año y ante los que los diferentes responsables sanitarios aún no han puesto en marcha las actuaciones necesarias para evitar el mayor número posible de ellos. No sería justo decir que no se han adoptado algunas medidas, pero lo cierto y verdad es que no existe, en términos generales, una estrategia de actuación coordinada que luche contra esta lacra.

Hace unos días se ha vuelto a celebrar el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, y, un año más, los profesionales hemos vuelto a denunciar una situación que, lejos de desaparecer, ha ido en aumento en estos años de crisis, pidiendo a nuestros responsables sanitarios que, de una vez por todas, tomen realmente cartas en el asunto para, por un lado, prevenir, en la mayor medida posible, este tipo de situaciones, y, de otro, apoyar al trabajador agredido.

Con este objetivo sí hemos dado un paso importante al aprobarse la pasada semana en el Congreso de los Diputados la modificación del Código Penal por la que agredir a un profesional sanitario cuando trabaja constituye un atentado contra la “autoridad pública” y puede conllevar hasta cuatro años de cárcel.

Un reconocimiento legal que tiene consecuencias muy positivas, entre otras, el dejar de ser consideradas faltas las agresiones y pasar a ser delitos. De esta forma, se sensibilizará a los usuarios sobre la gravedad de la acción por las consecuencias que implica, propiciando el desarrollo de un clima de respeto y confianza absolutamente necesario para el mantenimiento de una relación terapéutica eficaz.

Un avance destacable, sin duda, pero sigue resultando necesario dar nuevos pasos. Hay que acometer otras actuaciones que ya quedaron plasmadas en el informe final del Grupo de Trabajo de Agresiones a Profesionales del SNS impulsado desde el Ministerio, y en el que participó también SATSE, como el fomento de políticas y planes integrales que combatan las agresiones; el fomento de la investigación de las causas; la elaboración de un mapa de riesgo; la puesta en marcha de un sistema de información, o el desarrollo del Observatorio de Agresiones del Sistema Nacional de Salud.

De cara a los profesionales, otras medidas muy importantes son la elaboración de “guías de recomendaciones”; la potenciación de las medidas formativas e informativas dirigidas a los trabajadores, y el apoyo y asesoramiento a los afectados.

Aquí puedes leer el artículo de Víctor Aznar en ConSalud.es