Borrón y cuenta nueva. Con esta premisa básica principal comenzaron 2014 nuestros responsables políticos, y desde entonces nos reiteran, una y otra vez, que la crisis ya ha acabado, o casi, y que los distintos recortes que se vieron obligados a  realizar para reducir el déficit público también.

De igual manera, los que gestionan nuestra sanidad apuntan que los presupuestos han dejado de reducirse (aunque siguen por debajo de los años previos a la crisis) y que la atención sanitaria y la situación que viven profesionales y usuarios en los centros se ha “normalizado”.

La realidad es bien distinta. Los sucesivos recortes que se han venido produciendo en todos y cada uno de los distintos servicios de salud han provocado consecuencias graves que persisten y lamentablemente se mantendrán en un futuro, al menos, cercano.

Lo asegura cualquier profesional o paciente al que se le pregunte pero, siendo más rigurosos, lo exponen los distintos informes o estudios estadísticos que se van conociendo sobre la situación actual de nuestro sistema sanitario.

Centrándonos en un aspecto concreto, un claro ejemplo son los últimos datos de accidentes laborales ofrecidos días pasados por el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que concluyen que éstos se han incrementado en el sector sanitario a lo largo del pasado año en un 10 por ciento.

Sobresfuerzo físico, traumas psíquicos, golpes… son algunas de las principales causas que han motivado la baja temporal de los profesionales sanitarios afectados, según este estudio ministerial que, por supuesto, no recoge los muchos casos de lesiones sobre los que el propio afectado no informa.

Si sumamos dos y dos, el resultado no lleva a equívocos. Si cualquier profesional ha visto aumentada su jornada de trabajo y cuenta con menos compañeros con los que repartir las tareas, las posibilidades de sufrir algún tipo de accidente aumentan. En este sentido, numerosos estudios concluyen que el primer motivo de accidente no es otro que “el apremio de tiempo y/o ritmo de trabajo elevado”.

Ante esta lamentable realidad, a nuestros responsables políticos hay que exigirles que hagan un reflexión seria sobre cómo la búsqueda de un ahorro rápido de dinero ha podido conllevar repercusiones serias en la salud de los profesionales, y que actúen en consecuencia.

Deben trabajar para lograr un entorno laboral lo más seguro posible, desde el convencimiento de que la salud y seguridad de los trabajadores es fundamental y está estrechamente vinculada a la salud de los pacientes y a la calidad de los servicios prestados.

Así se lo ha trasladado reiteradamente la organización que represento a los gobiernos central y autonómicos, defendiendo, además, una verdadera y eficaz cultura de la prevención que se traduzca en un código de buenas conductas cuyo principal promotor ha de ser, en primera instancia, la administración o empresa sanitaria responsable.

Hay que acabar de una vez por todas con el erróneo planteamiento de que gastar en prevención es tirar el dinero, ignorando los altos costes que, en la mayoría de los casos, supone la atención que ha de prestarse al profesional afectado tras un accidente laboral.

Cierto es que los profesionales también tenemos que poner de nuestra parte porque, en ocasiones los accidentes se producen por falta de celo del propio profesional.

En definitiva, todos debemos prevenir y actuar para que no se vuelvan a repetir informes estadísticos con nuevos aumentos de casos de accidentes laborales en nuestro sistema sanitario. La seguridad y salud de unos es la seguridad y salud de todos.

Aquí puedes leer el artículo de Víctor Aznar en Redacción Médica