Mayo de 2010. El por aquel entonces el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece en el Congreso de los Diputados para anunciar, entre otros “ajustes” presupuestarios de lo público, la reducción, y posterior congelación, de los salarios de los empleados públicos.

El ex mandatario socialista iniciaba así un camino sin retorno de duros recortes que su sucesor, Mariano Rajoy, ha continuado en años sucesivos con nuevas medidas encaminadas a paliar una crisis que, indudablemente, hemos sufrido todos, aunque no de igual manera.

Los empleados públicos hemos sido un colectivo especialmente afectado por la tijera gubernamental. Además de la reducción y congelación del salario ya mencionada, hemos visto como aumentaba nuestra jornada laboral; se suprimían días de libre disposición y por antigüedad, se eliminaba la paga extraordinaria de diciembre de 2012, o se cercenaban derechos ya consolidados.

Años muy duros que hemos asumido como parte del esfuerzo colectivo que nuestra sociedad debía hacer para propiciar una recuperación sólida de la economía española. Según nos aseguraban machaconamente desde el poder gubernamental era la única forma de sacar a flote a nuestro país.

Ahora, estas mismas voces insisten en que la crisis es ya cosa del pasado y que España es todo un ejemplo a seguir para otros países cuya economía sigue maltrecha. Lo dicen ellos y toda una amalgama de instituciones y organismos financieros nacionales e internacionales que nos vuelven a ver con buenos ojos.

Si es así, si ha llegado el momento de ir desabrochándose el cinturón, la pregunta es sencilla. ¿Cuándo mejorarán su situación personal y profesional los empleados públicos?

Hasta el momento, el Gobierno aún en funciones ha hecho algunos “guiños” con la clara intención de congraciarse con los trabajadores, pero éstos no son suficientes en modo alguno.

Si no en mayo, esperemos contar a partir de julio con un nuevo Ejecutivo que sepa comprometerse realmente con los trabajadores públicos e impulsar medidas como la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales; promoción de nuevas ofertas de empleo público; incremento de las retribuciones previstas en los PGE para el personal público, o aumento a un 150 por ciento de la tasa de reposición de efectivos, entre otras.

Sólo pedimos lo que en justicia nos corresponde teniendo muy en cuenta, además, que su implementación supone, no solo un beneficio personal para el profesional afectado, sino una mejora de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos y del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en su conjunto.

Esperemos que, una vez finalice la ‘zozobra’ política en la que estamos inmersos en la actualidad, nuestros políticos estén a la altura de lo que todos los trabajadores públicos esperamos de ellos. Ahora es el momento.